“Son decisiones que debe adoptar el Gobierno. Hasta ahora no tenemos nada definido porque no sabemos cómo será el horizonte de las tarifas. Hay que esperar más anuncios”. De esta manera, un operador del sector energético señalaba a LA GACETA que todavía no hay definiciones respecto de cómo y de cuánto será el incremento en las tarifas de los servicios públicos privatizados. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció ayer que a partir del 1 de enero se ejecutará la baja de subsidios a la energía y al transporte, pero por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “la eliminación de subsidios a las tarifas de electricidad arrancará en febrero”, aunque todavía no precisó cuál será el esquema que se utilizará para subir las tarifas de la electricidad y del gas, por ejemplo. “El recorte de subsidios son dos puntos del PBI, casi del 40% del déficit. No sabemos cómo van a terminar las tarifas porque vamos a implementar un nuevo sistema”, dijo Caputo en una entrevista concedida a TN.
Antes, el Gobierno tendrá que cumplir un requisito fundamental: el llamado a audiencia pública para definir el porcentaje del aumento. Si esos procesos avanzan con celeridad, los primeros incrementos en las boletas se observarán hacia principios de marzo, consideran en el sector energético. A su vez, los entes reguladores de las provincias tendrán que disponer de los informes que deben elevar tantos las empresas distribuidoras, como las asociaciones de usuarios u organizaciones civiles que quieran argumentar sus razones para evitar un aumento en las tarifas.
En el Gobierno hay temor de que los aumentos sean impugnados judicialmente en caso de no cumplirse con los pasos necesarios previstos en las normas antes de que las subas lleguen a las facturas de la luz o del gas.
Respecto de la quita de subsidios en la energía, en el Gobierno analizan cómo se ejecutará ese proceso, ya que golpeará con fuerza a la clase media y a los sectores populares que aún gozan del aporte estatal que amortigua el verdadero valor del servicio. Desde ese punto de vista, en el Poder Ejecutivo nacional se estudia aplicar un esquema escalonado, de tal manera que no sea fuerte el incremento y que esa situación implique un aumento de la tasa de morosidad en el padrón de cada provincia. Esto implicaría una nueva segmentación.
El raid del combustible
Durante la conferencia de prensa en el Salón de los Pueblos Originarios, el vocero presidencial afirmó que hay una “inequidad” en la distribución de los subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país, por lo que se evalúa “un cambio de esquema para dejar de subsidiar de esta forma y mejorar la equidad entre provincias”, sin dar mayores precisiones. Lo que sí trascendió es que la reducción de subsidios estará enfocado en asistir a la demanda y no la oferta, como sucede actualmente, eliminando la inequidad entre el AMBA y el interior.
Las 10 primeras medidas del plan de ajuste del nuevo gobierno contienen una brusca devaluación del tipo de cambio oficial que ha impactado en el precio de los productos de mayor consumo. En los supermercados ya se evidenciaron fuertes remarcaciones en alimentos de consumo masivo. También en las estaciones de servicio. Por caso, la petrolera Shell ha decidido retocar el valor de sus naftas a un promedio del 37%, algo que sucederá con el resto de las compañías del mercado. Por esa razón, las expendedoras estaban llenas de automovilistas que intentaban ganarle al incremento que se aplicó anoche. En las pizarras de la petrolera YPF el valor de la nafta súper ser ubicó en $ 618, mientras que la Infinia cuesta ahora $ 749. Según los empresarios del sector, desde el 1 de noviembre el aumento en los combustibles promedió el 77%. Según evalúan en el sector, se espera que el próximo mes alcancen la paridad con el dólar oficial, que desde hoy cotiza a $ 800, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esa variable, como el caso de Chaco, donde el litro de gasoil V Power cuesta $ 825, según el sitio especializado Surtidores.com.ar.
El raid de aumentos se inició a pocas horas del triunfo de Javier Milei en las PASO. Tras la devaluación de 22% del tipo de cambio que dejó el dólar en $ 350, las petroleras decidieron el 16 de agosto una suba promedio de 12,5%. Días después, esa alza fue convalidada por YPF y el entonces ministro de Economía Sergio Massa logró acordar con los principales directivos del sector el compromiso de que esos valores se mantendrían fijos hasta el 31 de octubre. Pero a raíz del atraso de precios, se fue gestando un desabastecimiento de combustibles con primeras repercusiones en distintas provincias, hasta que días después de la elección de primera vuelta del 22 de octubre, el quiebre de stocks de las estaciones de servicio se hizo notorio. El 23 de octubre, YPF realizó un incremento correctivo del 5% y a partir del 1 de noviembre las compañías realizaron otro ajuste del 9,75%. El 8 de este mes se sumó otra nueva escalada del 30%, detalló Surtidores.com.ar.